El llamado a licitación pública internacional de la hidrovía merece especial atención por su importancia estratégica. Se trata de la vía navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino. Por allí ingresan 8 de cada 10 dólares a nuestro país, y egresa el 75 por ciento de la producción cerealera de la Pampa Húmeda.
¿Por qué genera tanto revuelo un tema que, a priori, parece una verdad indiscutible?
Por un lado existe el temor de un sector de las grandes empresas del agro respecto de la capacidad operativa del Estado. Cabe señalar que se trata de una visión anticuada muy arraigada en la década del 90 cuando la ola privatizadora del gobierno del ex presidente Carlos Ménem se presentaba como la única solución a todos los problemas del estancamiento económico. Tiempo pasado con numerosos conceptos que ya es hora de someter a revisión. Por otra parte, los mismos que se aferran a dichas ideas perimidas, acusan al Estado de querer apropiarse del cobro del peaje a las embarcaciones que por allí transitan. A decir verdad, el control y la potestad de esa tarea realizada con responsabilidad y transparencia no debió haberse resignado nunca.
El ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Comercio Exterior e Interior de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín aseguró en declaraciones a la prensa que “nadie regala ni un milímetro de la palabra soberanía con esto; nadie regala un milímetro en la necesidad de controlar para que no haya contrabando, que no haya tráfico de droga en la Hidrovía, ni que no haya sobrefacturación y subfacturación. Eso es elemental”.
La economista y diputada nacional por el Frente de Todos Fernanda Vallejos replicó en su cuenta de Twitter algunas de las palabras del Gobernador de la Provincia Axel Kicillof. «La discusión sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná ‘no es sólo una cuestión vinculada a la economía y la producción, sino que también es una cuestión de soberanía Nacional (…) Para la provincia de Buenos Aires es fundamental atar esta discusión a la creación del canal Magdalena, así como a la discusión de la reintegración del sistema portuario nacional». En otras palabras, se trata de revertir el modelo que se instauró en la década de los 90, no sólo para que el Estado recupere la potestad de cobrar los peajes sino para todas las cuestiones que tienen que ver con las vías navegables de nuestros ríos. Una mirada estratégica que termina con los compartimentos estancos por tramos y que apunte a optimizar todos nuestros canales. Esto también es planificación sustentable.
En pos de lograr el objetivo el gobierno va a llamar a licitación pública internacional con estos nuevos parámetros y con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía. En el nuevo modelo de desarrollo, la concesión sólo sería para tareas de dragado y balizamiento de la vía navegable, fundamentales para mantener al día la circulación y todo el flujo comercial.
No se trata de fomentar un nacionalismo vacío. Se trata de recuperar el control de lo nuestro para ponerlo a producir con las mejores herramientas y una mirada integral que nos ayude a optimizar los resultados. Dar un gran paso en este sentido, es una cuestión de lógica, no es una cuestión de fe.
Por Claudio Rosso (especialista en seguros de comercio exterior)
