En una acción política que sorprendió a muchos, el presidente tunecino, Kais Saied, anunció el domingo la remoción del primer ministro y la suspensión del Parlamento, así como la retirada de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados «para recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad».
El partido islamista Ennahda, principal fuerza del Parlamento y socio del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, destituido por Saied, ha denunciado las medidas como un «golpe de Estado» y exige la continuación del Parlamento.
El artículo 80 es una disposición común en las Constituciones de todo el mundo y proporciona la toma de orientaciones políticas cuando un país atraviesa una situación de emergencia en la que las instituciones estatales dejan de funcionar debidamente.
En la Constitución tunecina, que fue adoptada en enero del 2014, está estipulado que se pueden utilizar las medidas de emergencia que requiera una situación de excepción, pero que debe haber una consulta con el presidente del Parlamento y que se debe informar al tribunal constitucional, una institución que todavía no existe en Túnez, pese a las promesas de la Revolución. La decisión del presidente fue tomada sin respetar esas dos condiciones.
Sin embargo, algunos la justifican. Sana Ben Achour, profesora tunecina de Derecho afirmó en una entrevista con el diario francés ‘L’Humanité’ que muchos tunecinos están de acuerdo con que el país se encontraba en una situación de emergencia a los niveles económico, social y sanitario y que por ende, la decisión del presidente era necesaria.
«La gestión del país desde 2011 (año de la Revolución) ha sido catastrófica. Ennahda puso al país de rodillas. Al juicio de muchos, la decisión de Kais Saied puede interpretarse como una salida de la crisis porque los tunecinos ya no soportan el contexto en el que viven», afirmó Ben Achour en la entrevista, especificando que «los salarios son miserables, no hay perspectivas de futuro, el desempleo afecta a más de tres millones de tunecinos de los 12 millones de ciudadanos y hemos visto en medio de esta crisis sanitaria (de Covid-19) más de 300 muertos al día».
Los tunecinos, divididos en cuanto a la resolución del presidente
Mouhib al-Majib, activista de la sociedad civil, declaró al micrófono de la AFP que lo que el presidente hizo es un «rescate», y añadió que los tunecinos «han visto que la situación económica y social se ha deteriorado mucho con las medidas de un Estado que lleva años y que no ha respondido a las expectativas del pueblo. Por eso ha llegado el momento del cambio», zanjó.
Al contrario, otra parte de la población teme un retroceso de las libertades, duramente ganadas tras la Revolución popular de enero del 2011 que derrocó a Zine El Abidine Ben Ali, el presidente autoritario que gobernaba el país desde 1989.
Mourtada al-Saïd, un estudiante, confesó a la AFP que tiene «un poco de miedo de lo que pueda pasar, y de volver a la época de Ben Ali».
«Ahora sólo hay un poder, es el presidente el que tiene el poder Ejecutivo y el poder Judicial» dijo.Los partidarios del presidente de Túnez, Kais Saied, se reúnen en las calles mientras celebran después de que destituyera al gobierno y congelara el parlamento, en Túnez, Túnez 25 de julio de 2021.REUTERS – ZOUBEIR SOUISSI
La comunidad internacional pide proteger la democracia
Mientras tanto, buena parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea (UE), rechazó los hechos por considerarlos una maniobra que pone en riesgo el ejemplo democrático que constituye Túnez en el mundo árabe.
El Consejo Europeo publicó el martes un comunicado en el que pide restablecer el orden constitucional, restituir el Parlamento, respetar los derechos fundamentales y evitar cualquier estallido de violencia.
Estados Unidos optó igualmente por una línea dura y similar a la de la U.E., declarando en un comunicado que el jefe del departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, conversó por teléfono con Saied, al que «instó a adherirse a los principios de la democracia y los derechos humanos, que forman parte de la base del Gobierno en Túnez».
Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, hizo un llamamiento al «diálogo político» para resolver la crisis política.
Según un comunicado publicado el martes, Mahamat mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez y le transmitió el «compromiso de la Comisión de la UA con el respeto estricto a la Constitución tunecina».
Saied asegura asumir una responsabilidad «histórica» y niega un golpe de Estado
El presidente Saied, que inició este martes sus primeros encuentros para resolver la crisis, dijo por su parte asumir una responsabilidad que considera «histórica».
«Asumo la responsabilidad, asumo esta responsabilidad histórica. Los que afirman que esto es un golpe de Estado necesitan revisar sus lecciones de derecho», declaró el mandatario el lunes en una alocución transmitida por la televisión estatal.
La sorprendente decisión que tomó Saied el domingo llegó después de meses de un intenso enfrentamiento entre él y el presidente del Parlamento y del partido Ennahda, Rached Ghannouchi.
Asimismo, una parte importante de la población reprocha a este partido líder del poder Legislativo, y a su jefe, Ghannouchi, la situación económica del país, que se ha deteriorado fuertemente con una tasa de desempleo muy elevada entre los jóvenes y una fuerte inflación.
Los tunecinos culpan también al Gobierno por la situación sanitaria, ya que el país de 12 millones de habitantes sufre de una de las peores tasas de mortalidad en el mundo, con 560.000 casos de Covid-19 reportados hasta el día de hoy, y 18.000 muertes.
El partido islamista dice estar listo para elecciones anticipadas
Ennahda aseguró este martes estar preparado para celebrar elecciones anticipadas.
«Ennahda observa con gran preocupación la actual inseguridad y confusión que el golpe ilegal e inconstitucional ha creado en el país. Ahora está claro que el presidente Kais Saied ha trabajado con fuerzas antidemocráticas para anular los derechos constitucionales de los diputados y reemplazarlos por miembros de su propia camarilla», afirmó la formación conservadora en un comunicado.
Tras la destitución el domingo del primer ministro Mechichi, socio de Ennahda, el partido instó a los ciudadanos que defienden sus derechos y libertades a que cesen las protestas en las calles y no permitan que la «contrarrevolución» gane legitimidad con la violencia y el derramamiento de sangre que buscan los «matones organizados».
Mechichi por su parte se declaró el lunes dispuesto a ceder el poder al futuro primer ministro designado por el presidente Saied.
«Garantizaré el traspaso de poderes a la persona que designe el presidente de la República», dijo Mechichi, en su primera declaración desde las medidas del domingo.
Con EFE, AFP y medios locales
Fuente:france24