El Gobierno de Polonia ha asegurado este martes que modificará el funcionamiento del régimen disciplinario que impone a sus jueces desde una sala del Tribunal Supremo y que fue denunciado por la Comisión Europea al considerar que socava la independencia de los jueces y viola el Derecho comunitario.
El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ordenó a mediados de julio la suspensión cautelar de este régimen disciplinario a la espera de una sentencia sobre el fondo del caso. Días después, Bruselas amenazó con imponer multas económicas a Varsovia si persistía en su decisión de no hacer cumplir varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Las autoridades comunitarias dieron al Gobierno polaco hasta el 16 de agosto para remitir una respuesta «satisfactoria» y el Ejecutivo liderado por Mateusz Morawiecki ha respondido que continuará con las reformas planeadas del sistema judicial, dentro de las cuales se encuentra el desmantelamiento de la Cámara disciplinaria.
«Polonia continuará con las reformas del poder judicial, también en las áreas de responsabilidad de los jueces, destinadas a mejorar la eficiencia de este sistema», ha explicado Varsovia en un comunicado en el que explica el contenido de la carta remitida a Bruselas.
«En este contexto, los planes para disolver la Cámara Disciplinaria en su forma actual se anunciaron como parte de la próxima fase de la reforma judicial, que se espera comience en los próximos meses», añade el texto.
Las autoridades polacas, no obstante, destacan en la misiva que la «ineficacia» de marco de responsabilidad penal de los jueces «ha sido un problema del sistema judicial polaco durante muchos años y una de las razones de la poca confianza de la sociedad polaca en él».
«La eficacia del sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces y otros profesionales del derecho es fundamental para la confianza y la credibilidad del poder judicial en todos los Estados miembros», defiende el texto antes de apuntar que este sistema «debe cumplir los criterios de imparcialidad y seguridad jurídica, así como garantizar el derecho a un juicio justo».
En el último mes, Bruselas ha elevado el tono contra Varsovia a cuenta de sus reformas judiciales y el comisario de Justicia, Didier Reynders, amenazó en julio con pedir sanciones económicas si el Gobierno ultraconservador polaco seguía sin cumplir los fallos de la Justicia europea.
El Ejecutivo comunitario insiste en que el Derecho europeo tiene primacía sobre el derecho nacional y que las sentencias que dicta la Justicia europea son de obligado cumplimiento por los Estados miembro.
En relación a este punto, la respuesta de Polonia a Bruselas incide en que «el problema de la relación entre el Derecho nacional y el Derecho de la UE se da en muchos Estados miembros», cuyos tribunales constitucionales «enfatizan la primacía de las Constituciones nacionales y adoptan una definición estricta de las compentencias de la UE».
Fuente:europapress