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Sebastián Piñera decretó la «militarización» en cuatro provincias de Chile

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Texto por:Ariana Villacorta

El mandatario chileno, Sebastián Piñera, ordenó la «militarización» en Biobío, Arauco, Malleco y Cautín, zonas afectadas por la creciente violencia atribuida al conflicto territorial entre el Estado y los indígenas mapuches. Sin embargo, la disputa entre ambos viene desde hace décadas. 

Este martes, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, ordenó la militarización por 15 días en cuatro provincias del sur de su país. Estas son: Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. Esto, por la «grave alteración del orden público» debido al conflicto territorial entre el Estado y los indígenas mapuches.

Desde la sede de Gobierno, Piñera afirmó que «este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos». Esta orden limita las libertades de reunión y movimiento.

El mandatario chileno agregó que “estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes y de miembros de Carabineros y Policía de Investigaciones. Además, han implicado atentados y amenazas contra autoridades tales como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial”.

Un manifestante es detenido por policías antidisturbios tras una protesta de indígenas mapuches en el centro de Santiago, el 10 de octubre de 2021, en medio de la conmemoración del Día de la Raza
Un manifestante es detenido por policías antidisturbios tras una protesta de indígenas mapuches en el centro de Santiago, el 10 de octubre de 2021, en medio de la conmemoración del Día de la Raza  Martin BERNETTI AFP

Además, aseguró que “estos violentos hechos también han destruido y quemado casas, iglesias, instalaciones y bienes destinados a actividades industriales, agrícolas, comerciales y turísticas e infraestructura pública. Estos atentados también han impedido la ejecución de órdenes judiciales por parte de los policías, los que han sido resistidos mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”.

Finalmente, sostuvo que «los habitantes de estos territorios viven con constante temor y con una profunda sensación de indefensión, lo que causa un enorme daño, no sólo a las víctimas directas, sino que también a los que se sienten amenazados y a todos los chilenos».

Los medios locales indicaron que esta decisión fue tomada por el jefe de Estado Mayor Conjunto, las Fuerzas del Orden y la Seguridad de la zona. Sin embargo, fue solicitada por los sectores más conservadores. La oposición y los movimientos indígenas criticaron la medida.

La norma está respaldada por el artículo 42 de la Constitución, pues indica que el presidente de la República tiene la potestad de declarar “el estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la nación. Y en caso de que el presidente quiera extender el decreto, deberá contar con la aprobación del congreso.

Una disputa territorial que impulsó la redacción de una nueva Constitución

La mayoría de estos episodios violentos son protagonizados por los mapuches, el principal grupo indígena del país, y el Estado chileno. Los mapuches reclaman las tierras que habitaron durante siglos y que ahora pertenecen, en su mayoría, a grandes empresas agrícolas y forestales. La disputa se agudizó en las protestas sociales del 18 de octubre de 2019 en el país sudamericano.

Un soldado chileno es derribado por manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera en Valparaíso, Chile. 21 de octubre de 2019.
Un soldado chileno es derribado por manifestantes durante las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera en Valparaíso, Chile. 21 de octubre de 2019. Rodrigo Garrido / Reuters 

Las manifestaciones impulsaron la redacción de una nueva Constitución. La presidenta de esta Convención Constituyente es Elisa Loncon, una académica mapuche. Siete de 155 constituyentes también pertenecen a este grupo. Tienen como objetivo responder a las demandas indígenas en la nueva Carta Magna.

“Pandora Papers”

Sebastián Piñera hizo este anuncio cuatro días después de que la Justicia de su país tome la decisión de abrir un proceso de investigación penal en su contra tras la publicación de los Pandora Papers.

En este informe, salieron a la luz unas presuntas irregularidades cometidas por el mandatario. Supuestamente, en 2010, vendió acciones del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas un paraíso fiscal, evitando el pago de impuestos.

Con EFE y medios locales

Fuente:france24

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