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Comunidad mapuche de Cuesta del Ternero: La CIDH pidió informes al Estado argentino

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El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, recibió en las últimas horas el pedido desde Washington firmado por la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marisol Blanchard, para que Argentina informe sobre la situación de la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero, reprimida y aislada desde hace más de un mes. Esto es requerido por la medida cautelar que fue presentada por el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro y el abogado Juan Manuel Salgado, quienes solicitaron la intervención de este tribunal internacional porque la vida de la Lof Quemquemtrew está en riesgo por falta de abrigo y alimentos.

«Los miembros de la Comunidad ocupan el territorio que reclaman como comunitario y que se encuentra titulado a nombre del Estado (terreno fiscal). Manifiestan resguardarlo de los daños ambientales producido por las personas autorizadas por el Estado, quienes lo destinan a la forestación de especies exóticas. Por esa acción fueron citados por el Ministerio Público Fiscal con quien se llegó al acuerdo de esperar hasta el lunes 27 de septiembre. Sin embargo el día 25 de septiembre de 2021 sin esperar ese plazo la Policía, por orden del Ministerio Fiscal, detuvo a cuatro personas e impidió la provisión de alimentos y abrigo sitiando el lugar desde entonces», explicó Salgado en su petición ante la CIDH. «La gravedad y urgencia consisten en que las personas miembros de la Comunidad, aproximadamente 20 de ellas pues los niños se encuentran a resguardo en casas de otras familias del mismo Pueblo Mapuche, se hallan sin provisión de alimentos desde hace cinco días, pues lo impide la Policía provincial por orden del Ministerio Público Fiscal y también están sin poder recibir ropa de abrigo en un lugar en donde las temperaturas nocturnas son inferiores a cero grado centígrado», agregó.

Al describir el contexto de la situación el letrado en nombre de la comunidad dijo que «se denunció la situación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) organismo federal con competencia en derechos de los pueblos indígenas. Dicho organismo solicitó al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Río Negro la realización inmediata de una mesa de diálogo con la Comunidad y también que se permitiera a sus miembros acceder a alimentos y abrigo por razones humanitarias. Se interpuso también un hábeas corpus ante la administración de justicia provincial, el que fue rechazado con el argumento de que la causa ya estaba a cargo de un magistrado competente. Se le pidió al juez de la causa abierta por usurpación que revocara las medidas dispuestas por el Ministrio Público Fiscal pero éste en la fecha rechazó el pedido considerando que de hacer lugar se beneficiaría a quienes cometen un delito, dando por probada una usurpación sin que hubiera investigación ni sentencia». Ahora Cafiero, en nombre del gobierno argentino, deberá enviar a la CIDH sus observaciones y una descripción de la «situación de los propuestos beneficiarios» de la cautelar, que son los integrantes de la Lof, entre ellos ancianos, ancianas y un menor de edad.

Por otra parte, ante el rechazo del habeas corpus presentado ante el juzgado multifuero 11 a cargo del juez Marcelo Mucillo, la comunidad apeló al tribunal de Casación de Viedma. Hace pocas horas ese juzgado decidió conceder el recurso de Casación y remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia. «Un paso hacia la cordura», indicó el colectivo mapuche en una nota de comunicación. El habeas corpus tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la Lof como de las personas que sostienen el acampe humanitario en la Cuesta del Ternero. «Solicitamos garantizar la libertad física, de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la Lof Quemquemtrew, actualmente privadas ilegalmente de su libertad -secuestradas de manera extorsiva en su territorio ancestral, transformado en un verdadero campo de concentración, y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, privadas de alimento, abrigo, comunicación, acceso a la salud, acceso a la justicia. Pedimos la desmilitarización de la zona y el cese de la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica», expresaron.

«A un mes de realizado el violento operativo que implicó el desalojo encubierto y forzoso de parte de la comunidad, la situación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado: no sólo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, si no porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envío de fuerzas federales a pedido de la gobernadora Carreras y avalado por el gobierno nacional. A esto se suma el despliegue de una campaña mediática racista, de estigmatización y criminalización, que apela una vez más a la construcción del pueblo mapuche como enemigo interno. El uso del mote ‘terrorista’ profundiza la herida colonial que supuso el genocidio fundante de este estado nacional y contra la que se levantan las comunidades que vuelven a la tierra para seguir resistiendo como pueblo», indicaron. Casi dos centenares de firmas de particulares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos acompañarán la presentación del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, «que tiene en sus manos ahora la posibilidad de establecer un marco de cordura y respeto por los derechos humanos en el vínculo entre la lof Quemquemtrew y el gobierno provincial».

Fuente: Página 12

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