FERNANDO GARCÍA /WASHINGTON. CORRESPONSAL
Donald Trump lo tiene hoy mucho más difícil que hace dos días para ocultar lo que hizo y dijo, lo que maniobró y quiso deshacer, antes y durante el cruento asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. La juez federal Tanya Chutkan rechazó anteanoche, en términos contundentes, la alegación de inmunidad o “privilegio” en que el expresidente se escuda para negarse a entregar al Congreso 770 páginas de documentos sobre sus actos en relación con los hechos.
Aunque los abogados del exmandatario confirmaron ayer que presentarán recurso, el fallo de 39 páginas firmado por la magistrada del distrito de Columbia debilita considerablemente la posición de Trump y la de sus aliados ante la comisión de la Cámara de Representantes que, integrada por siete parlamentarios demócratas y dos republicanos, investiga la insurrección del 6 de enero. Porque, con la resolución, ya no es solo el poder legislativo el que pide cuentas al exmandatario sobre la intentona de anular los resultados de las presidenciales del 2020 y evitar la proclamación de Joe Biden como presidente, el 6 de enero. Y tampoco la decisión del propio Biden de desoír la pretensión de su antecesor de acogerse a la inmunidad presidencial carece ya de respaldo jurídico; ahora, con una sentencia que va en el mismo sentido que el indicado por el Congreso y por el actual jefe del Ejecutivo, son los tres poderes de la nación los que rechazan el secretismo de Trump y sustentan la exigencia de información sobre su papel en el asalto al Capitolio.
El imperativo de hallar las causas del asalto prevalece sobre lo demás al concernir a la democracia, dice la juez
Y si bien se trata de una resolución en primera instancia en un procedimiento puede alargarse meses y acabar en un Supremo hoy de mayoría conservadora, la sentencia de la juez Chutkan no parece fácil de echar abajo, según coinciden los juristas que están opinando al respecto. Otra cosa es que un tribunal superior pueda frenar cautelarmente la entrega de los documentos mientras se decide sobre el fondo del asunto. En caso contrario la institución de los Archivos Nacionales empezaría mañana viernes a entregar los papeles y grabaciones a la comisión investigadora del Congreso.
En su resolución, la juez afirma que Trump “no reconoce la deferencia debida al juicio del presidente en ejercicio” al adjudicarse a sí mismo un poder ejecutivo que ya no tiene pero él cree mantener “a perpetuidad”. Pero “los presidentes no son reyes y el demandante ni es presidente”, apostilla la magistrada. Añade que, “en el fondo, esta es una disputa entre un expresidente y el actual presidente, y el Tribunal Supremo ya ha dejado claro que en tales circunstancias se concede mayor peso a la opinión del titular”.
La juez recuerda que tanto la comisión del Congreso como el Departamento de Justicia y Fiscalía General sostienen que el descubrimiento de las causas subyacentes al ataque del 6 de enero “es un asunto de importancia pública insuperable porque dicha información se relaciona con nuestras instituciones democráticas centrales y la confianza del público en ellas”. Y agrega: “El tribunal está de acuerdo” con esa tesis de que, frente a una alegación más que dudosa de privilegio presidencial, prevalece el imperativo de la verdad sobre unos hechos tan graves.
Entre los documentos que Trump se niega a proporcionar al Congreso hay llamadas de teléfono, borradores de discurso y notas intercambiadas entre él y sus colaboradores en el momento del asalto; un ataque que concluyó con cinco muertos y 140 policías agredidos por violentos defensores del expresidente mientras él, como poco, evitaba frenarlos.
La sentencia de Chutkan coincidió con la emisión por la comisión investigadora de 10 nuevas citaciones a otros tantos colaboradores de Trump cuando era presidente. Los requerimientos a declarar y aportar documentos sobre los hechos suman así una treintena. El cerco se estrecha.
Fuente:lavanguardia.com