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ISMAEL ARANA, CORRESPONSAL HONG KONG
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está lejos de llegar a los objetivos que se fijó el Gobierno hace año y medio cuando dio luz verde a la medida. Los 337.000 expedientes aprobados hasta la fecha alcanzan a unas 800.000 personas, poco más de una tercera parte de los beneficiarios inicialmente previstos -2,3 millones-. De hecho, en lo que va de año, la Seguridad Social “solo ha desembolsado» 1.400 millones de los 3.000 presupuestados para el pago de esta prestación, según denuncia la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales
El principal motivo, señala, es “la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos”, lo que deriva en que tres de cada cuatro solicitudes se denieguen (el 73%) y de que “sólo el 8% de la población -799.203 personas- que vive bajo el umbral de la pobreza en España” pueda cobrar la ayuda, cobertura «similar” a la que ofrecía el sistema de Rentas Mínimas.
Tras las sucesivas modificaciones
Escrivá anunció que se pasaría de 350.000 hogares beneficiarios a 700.000
Por tal de que la ayuda llegue a un mayor porcentaje de población, el Gobierno ha llevado a cabo sucesivas modificaciones del real decreto-ley que regula la prestación. El pasado mes de octubre, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró que con las mejoras introducidas, como el complemento de ayuda a la infancia, se doblaría el número de beneficiarios, con lo que se pasaría de 350.000 al entorno de 700.000 hogares.
La asociación admite que las últimas modificaciones han propiciado un aumento de resoluciones positivas del 15,3% en 2020 al 30,4% el pasado mes de septiembre, periodo hasta el que se recibieron 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos y se han acabado tramitando 1,24 millones. Casi 100.000 expedientes están pendientes de resolución.
El 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad, es decir, superar los umbrales de renta y patrimonio fijados para acceder a la prestación, según detalla la asociación citando fuentes del Ministerio. En este sentido, destaca que para conceder la ayuda se valoran los ingresos de la renta del 2019, previos a la crisis de la Covid-19. “El otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia”, detalla.
A pesar de ello, los beneficiarios del IMV superan ya a los de la Renta Mínima, aunque con una gran disparidad en comunidades autónomas. Así, en Canarias, donde tenían un número muy bajo de perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción, se han multiplicado por 5 (490%), o en Castilla-La Mancha casi por 3 (280%), mientras que, en País Vasco, «con un potente sistema de Rentas Mínimas», únicamente lo cobra una de cada 4 personas (25%) de las que antes percibían la Renta Mínima, o en Baleares 1 de cada 3 (36%). En comunidades como Madrid (92%) o Aragón (102%) los perceptores del IMV son prácticamente el mismo número que los que percibían sus Rentas Mínimas, mientras que en Catalunya son poco más de la mitad (59%).
Por último, la asociación confía en que las últimas modificaciones anunciadas para la otorgación de la ayuda “incrementen aún más el porcentaje” de beneficiaros. Además, espera que el debate parlamentario que se está produciendo en el Congreso de los Diputados se traduzca en una mejora de la Ley del Ingreso Mínimo Vital.
Fuente:lavanguardia.com
