Texto por:Ariana Villacorta
En respuesta a los actos de represión e irregularidades en las recientes elecciones en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido, Estados Unidos y Reino Unido intensificaron las sanciones en contra de altos funcionarios nicaragüenses. Una decisión que ha sido aplaudida por la oposición del país, tras unos comicios que han calificados de «ilegítimos».
Este lunes 15 de noviembre, diferentes movimientos de la oposición de Nicaragua celebraron las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido contra altos funcionarios nicaragüenses. Las represalias vienen tras los comicios en el país centroamericano en las que Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco se pronunció a través de sus redes sociales. «Celebramos las sanciones que llegan al Ministerio Público, alcaldes y más servidores corruptos de la dictadura de Ortega», señaló el comunicado.
Mientras que la organización de sociedad civil, Articulación de Movimientos Sociales (AMS), escribió en su cuenta de Twitter que «mucho más allá de la OEA, el rechazo a la #FarsaElectoral se extiende por el mundo y sus antiguos aliados abandonan a la dictadura. Nicaragua vota por Nicaragua y nadie más la acompaña. #QueSeVayan!».
La noticia también fue bien recibida por el movimiento de exiliados Nicaragüenses en el Mundo (NEEM). «Nuevas sanciones al régimen, ahora al Ministerio Público y a nueve de sus secuaces. ¡Abril sigue vivo!», sentenció el movimiento ciudadano.
¿Cuáles son las sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido?
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio Público de Nicaragua, así como a nueve altos cargos nicaragüenses. Esto, por su papel en la «represión contra los derechos humanos y las libertades fundamentales tras la farsa de elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre».
Entre los sancionados por ser «socios claves en las políticas antidemocráticas» de Ortega figuran el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo; el superintendente de Bancos e Instituciones financieras, Luis Angel Montenegro Espinoza; y el viceministro de Finanzas y Crédito Público, Adrián Chavarría Montenegro.
Los alcaldes de las ciudades de Jinotega, Esteli y Matagalpa, y el presidente del Instituto de Energía de Nicaragua, José Antonio Castañeda Méndez, también fueron penalizados.
Al mismo tiempo, el Tesoro consideró que la oficina del Ministerio Público fue «responsable o cómplice de acciones o políticas encaminadas a socavar los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua».
Por lo que declaró que «quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses».
Por su parte, el Gobierno del Reino Unido sancionó a ocho altos cargos de Nicaragua. Entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno; Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua; el ex vicepresidente y presidente interino y actual magistrado del Consejo Electoral Supremo, Lumberto Ignacio Campbell; el comisario de la Policía Juan Antonio Valle y el comisario jefe de la Policía de León, Fidel de Jesús Domínguez.
En un comunicado, el ministerio de Exteriores británico precisó que «estas medidas, que han sido coordinadas con Estados Unidos y Canadá, significan que los sancionados tendrán prohibida la entrada al Reino Unido y será congelados sus activos en este país».
Por otro lado, José Manuel Albares, el ministro español de Asuntos Exteriores, instó a la Unión Europea a seguir los pasos de EE. UU. y Reino Unido.
El ministro pidió que “se inicie el procedimiento para aplicar nuevas sanciones individuales y que se exija por parte de la UE la liberación inmediata de los presos políticos, de aquellas personas que fueron puestas en prisión exclusivamente para que no pudieran competir en lo que se llamaba elecciones”.
Unas elecciones consideradas «fraudulentas» y descalificadas por la OEA
El proceso electoral de Nicaragua fue descalificado por la Organización de Estados Americanos (OEA). Asimismo, no ha sido reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.
Daniel Ortega se impuso en los comicios del pasado 7 de noviembre, en ausencia de la oposición. En los últimos meses, siete aspirantes a la Presidencia fueron arrestados por «traición a la patria». Además, tres partidos políticos fueron disueltos.
Es el quinto mandato de Ortega y el cuarto en consecutivo. El nuevo periodo será el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo.
Con EFE
Fuente:france24.com
