Texto por:Ramiro Cué Barberena
La Jurisdicción Especial para la Paz recibió el reconocimiento de verdad por parte de 21 integrantes del Ejército Nacional y un tercer civil, autores del asesinato de 120 personas en la región del Catatumbo y otras 127 más en la Costa Caribe. Además, hubo otros cuatro acusados, entre ellos el precandidato presidencial Publio Hernán Mejía, que se negaron a aceptar los cargos.
Este viernes hubo avances trascendentales en Colombia en torno a los ‘falsos positivos’ luego de que una facción de los involucrados admitiera ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la culpabilidad por una sucesión de asesinatos ilegales.
En total fueron 21 miembros del Ejército Nacional y un tercer civil los que comparecieron y reconocieron haber ejecutado a 247 personas, 120 en la región fronteriza del Catatumbo y otras 127 en la Costa Caribe. La Sala de Reconocimiento ordenó trasladar estas confesiones a las víctimas y al Ministerio Público.
Este año, la Sala de Reconocimiento había imputado a 25 integrantes del Ejército y a un civil por delitos de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida y desaparición forzada. La JEP entendió que dichos crímenes no hubiesen sucedido sin la política institucional del Ejército y la presión de sus comandantes sobre los subordinados para registrar muertos ‘en combate’.
Luego de informada la imputación, 22 de los 26 involucrados reconocieron verdad de los hechos mencionados por la Jurisdicción. Entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre, los once denunciados relacionados con lo sucedido en El Catatumbo y los vinculados –menos cuatro de ellos- con los hechos de Costa Caribe presentaron un escrito de reconocimiento.
El militar de mayor rango en aceptar la culpa fue el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que manifestó un pedido de disculpas: “Presento mis sentimientos por el gran dolor causado por los execrables actos cometidos, conllevando al deceso de seres inocentes, presentados como combatientes”. En sus declaraciones ofreció su disposición para “el esclarecimiento de la verdad como medio reparador”.
Detrás de Coronado siguieron las confesiones de Paulino Coronado, y once oficiales más, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil. También el mayor retirado Guillermo Gutiérrez Rivero redactó en un documento en el que reconocía su responsabilidad “por contribuir al conflicto armado en vez de la paz”, como lo mandaba su deber público.
“Reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados a las víctimas y me comprometo a repararlos aportando todo lo que sé sobre estos homicidios”, amplió en su testimonio.
Entretanto, los coroneles Publio Hernán Mejía, quien además es precandidato presidencial, y Juan Carlos Figueroa, quienes eran comandantes del Batallón La Popa entre 2002 y 2005, negaron ser responsables y fueron derivados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En caso de perder el proceso judicial, podrían tener hasta 20 años de cárcel.
Cómo sigue el procedimiento
La JEP ordenó que en los próximos cuatro meses se realicen acciones pedagógicas del proceso, subcasos de las regiones del Norte de Santander y Costa Caribe, identificar las opiniones de las víctimas ante las confesiones que deben realizar los máximos responsables; hacer encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes.
Además, propuso que se produzca un encuentro entre los afectados y los victimarios. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento advirtió que tiene que ser fruto de un proceso y no una imposición para que tenga efectos restaurativos.
Los ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas militares, las cuales fueron procesadas en nombre de la lucha contra los guerrilleros, cuando en realidad los asesinados eran civiles inocentes. Estos episodios fueron de los más crueles registrados durante el conflicto armado colombiano.
Con EFE y medios locales
Fuente:france24
