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Desmantelan una de las termoeléctricas instaladas entre Escobar y Pilar

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Ver los camiones saliendo de una de las dos termoeléctricas localizadas a la vera de la ruta provincial 25 cargados con estructuras y equipos fue una felicidad mayúscula para muchos vecinos. Una imagen soñada durante cinco años que a partir de este lunes comenzó a hacerse realidad, tras una lucha que no dejó frente por abarcar.

A más de un año del fallo que ratificó la suspensión del funcionamiento de las dos usinas energéticas instaladas en 2017 sobre la calle Arbolada, que separa a las localidades de Matheu y Villa Rosa, la firma estadounidense APR Energy comenzó a desmantelar y retirar sus instalaciones.

Aunque no hubo una comunicación oficial sobre esta decisión, vecinos de las termoeléctricas observaron desde el lunes un incesante ir y venir de camiones llevándose las pesadas maquinarias de la planta generadora de electricidad.

Matheu II y Matheu III son dos de las 20 centrales térmicas que el Ministerio de Energía de la Nación licitó y adjudicó en distintas ciudades del país durante la gestión del presidente Mauricio Macri y que suman 2800 MW de generación eléctrica a todo el sistema interconectado. Entre APR Energy y Araucaria Energy podían alcanzar una potencia de 500 MW. Ambas están catalogadas como industrias categoría 3, peligrosas desde el punto de vista ambiental e incompatibles con una zona residencial por el ruido que genera su funcionamiento, entre otros factores.

“Desde las termoeléctricas al pueblo de Matheu hay 250 metros, a Los Pilares unos 400, a Campo Chico unos 750, a Campo Grande unos 950 y a Pradera unos 1.000 metros”, explicaron los vecinos en una de las tantas presentaciones que se hicieron ante la Justicia. En una de ellas también se dirigieron a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal implorándole que intervenga. La ex mandataria lo hizo, pero en sentido inverso: antes de finalizar su mandato, autorizó el funcionamiento de ambas termoeléctricas.

Después de un sinfín innumerable de idas y vueltas en estrados gubernamentales y judiciales, la controversia llegó a un punto casi sin retorno el 16 de marzo de 2021: ese día, la contradictoria Cámara Federal de San Martín ratificó la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de prohibir el funcionamiento de las plantas APR Energy y Araucaria Energy. La medida cautelar mantenía la paralización mientras durase el juicio por su erradicación definitiva.

“Nada de lo que se hizo fue legal y, por suerte, luchando y yendo a la Justicia, obtuvimos estos logros. Desde que llegaron las termoeléctricas, sentimos que dimos una pelea de David contra Goliat”, expresó el presidente de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, Raúl Regis.

Además, señaló que “lo ideal es que los predios vuelvan a categoría residencial para que no quede abierta la posibilidad de que se pueda instalar otra industria”. Y agregó: “Vamos a pedir que dejen los terrenos en condiciones normales y habitables. No queremos que quede allí algún pasivo ambiental que después nos complique la vida”.

La presidenta de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, Erica Hahn, reforzó esa postura: “No hay información oficial, acabamos de hacer un pedido del juez para que nos brinde información clara y si se está yendo se vaya como corresponde: remediando los daños que hizo en el lugar”, comentó.

La ONG accedió a una nota que APR Energy envió a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anómima) en octubre de 2021 dando por terminado el contrato de demanda mayorista “debido a las medidas cautelares”, señaló Hahn.

“Estamos muy felices porque es un pequeño logro, pero sabemos que falta mucho. Todavía no sabemos que va a pasar con Araucaria porque cambió de manos, ahora es de MSU Energy. El juez le está solicitando a Nación, Provincia y el Municipio todo sobre las centrales y eso no va a pasar”, advirtió la militante ambientalista.

Fuente: El Día de Escobar

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