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Escobar: Por violar protocolos en medio de la pandemia piden llevar a juicio oral a los directivos del exsanatorio San Carlos

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El titular de la Fiscalía Federal de Campana, Sebastián Bringas, solicitó que se eleve a juicio oral la causa donde son investigados el dueño y el subdirector médico del ex sanatorio San Carlos por la violación de las medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-19 y la propagación de la enfermedad dentro de la institución.

De acuerdo a la acusación, como consecuencia de la propagación de la enfermedad se contagiaron 54 personas, entre pacientes y personal del establecimiento, y 23 de ellas fallecieron entre abril y mayo de 2020.

Juan Carlos Linares, presidente de Salutis S.A, firma que prestaba el servicio de salud, era el principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento, mientras que Alberto Pablo Lauría era el subdirector médico del establecimiento.

Linares y Lauría fueron procesados por “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos-; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, los cuales concurren en forma ideal y que, a su vez, concurren en forma real con el delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte”.

La causa comenzó en mayo de 2020, luego de la denuncia realizada por una mujer que relataba una serie de hechos ocurridos durante la internación de su madre, donde mencionaba la negligencia del lugar con respecto a los cuidados y la violación de los protocolos dictados en el marco de la pandemia por las autoridades sanitarias.

Tras la investigación, para la Fiscalía los dos implicados “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (Covid-19), mediante el incumplimiento de la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba periódicamente en función de la pandemia de coronavirus”.

En el requerimiento que el fiscal presentó este lunes se explicó que los acusados no tomaron medidas para proteger al personal ni a los pacientes como tampoco a los contactos estrechos de los casos confirmados.

Bringas puntualizó que el personal “no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación del Covid-19, ni tampoco fue informado sobre la actualización de los síntomas ni de los protocolos”.

Uno de los enfermeros que declaró en la causa aseguró que los trataban “de locos y de psicópatas” por haber implementado ellos mismos el uso de barbijos. Testimonios similares dieron en su momento trabajadores del establecimiento a El Día de Escobar.

Por otro lado, la totalidad del personal del establecimiento que prestó declaración testimonial reconoció que no le practicaban controles diarios del estado de salud.

Dentro del requerimiento se marcó incluso que “los cadáveres con Covid-19 no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados”.

El fiscal Bringas detalló entonces que “teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del Covid-19, desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”.

“Lo que habría generado el ámbito propicio para que el virus ingresara en el establecimiento y se propagara por las diferentes áreas, causando un brote con lamentables consecuencias para pacientes y personal del nosocomio que se contagiaron y, además, a algunos de ellos les produjo la muerte”, concluyó.

A mediados del mes pasado, la Cámara Federal de San Martín había confirmado el procesamiento a Linares y Lauría, quien originalmente fueron procesados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La clínica privada San Carlos, ubicada en la localidad de Maquinista Savio, prestaba atención a unas 22 mil personas, en su mayoría adultos mayores provenientes de PAMI. Fue intervenida en la noche del viernes 24 de abril de 2020, a raíz de un brote de contagios que se cobró decenas de vidas y por una serie de denuncias de irregularidades e incumplimiento de protocolos sanitarios.

Ante esa situación, desde el 1º de mayo de 2020 el Municipio se hizo cargo de los sueldos de los 250 trabajadores y de los costos operativos de la clínica. No se trató de una expropiación porque hubo un acuerdo entre las partes para ceder las acciones a “valor libro”, aproximadamente unos 12 mil pesos, según trascendió.

Por su parte, los dueños, que ya habían iniciado conversaciones en 2019 con la Comuna para vender la clínica, continuaron recibiendo el alquiler por las instalaciones, donde actualmente funciona el hospital municipal Néstor Kirchner, que fue inaugurado el 20 de septiembre de 2020 con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner.

El ex sanatorio fue remodelado con una inversión pública superior a los 150 millones de pesos, que se destinó a la modernización del equipamiento clínico, la concreción de trabajos de infraestructura y la ampliación de su equipo de profesionales a 300 personas.

Fuente: El Día de Escobar

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