Patricia Bullrich y Marcos Peña, exfuncionarios del Gobierno que presidió Mauricio Macri, fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción (OA) por supuesto direccionamiento en una compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en el año 2016.
Según la denuncia, se trató de una licitación irregular en la que el Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) habría optado por la opción más costosa en perjuicio de las arcas estatales por 5 millones de dólares, entre otras irregularidades.
En la presentación, también aparecen implicados los exfuncionarios Gerardo Milman (actual diputado nacional de Juntos por el Cambio) y Fernando Alberto Fohrig.
«No quedan dudas respecto de la voluntad de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del secretario de Coordinación Planeamiento y Formación de ese Ministerio, Alberto Fernando Föhrig, de favorecer a las firmas ganadoras en perjuicio de la administración pública», sostuvo la presentación que la Oficina Anticorrupción elevó a la Justicia.
Y amplió: «Las conductas concretadas por Marcos Peña, Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Fernando Alberto Föhrig, en tanto, implicaron la adquisición y capacitación para utilizar aeronaves no aptas para volar en nuestro país al momento de su compra, quedarían encuadradas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
En consecuencia, para la Oficina Anticorrupción, Peña, Bullrich, Milman y Föhrig se habrían excedido en la confianza otorgada o las obligaciones asumidas, violando sus deberes, y abusando de su posición.
«La acción típica entonces es la de perjudicar los intereses confiados, que en la inteligencia del mandato jurídico subyacente que origina la relación titular/administrador, implica la violación de deberes por parte del agente, se argumentó en la presentación.
Además, se advirtió que los funcionarios cargan con la adquisición de dos vehículos aéreos no tripulados que conforme la normativa vigente al momento de la compra, no estaban autorizados a volar en la República Argentina. Incluso, en esa operación, el Estado le habría pagado a la empresa ganadora de la licitación el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. (https://www.diariopopular.com.ar/)
