Ingresó un proyecto en la Legislatura bonaerense para que la presentación del Certificado de Antecedentes Penales se establezca como requisito para el acceso a programas y asistencia económica del Estado
El diputado de Fuerza Libertaria, Nahuel Sotelo, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados bonaerense para que la presentación del Certificado de Antecedentes Penales se establezca como requisito esencial para las personas que soliciten subsidios.
“A los delincuentes, no más subsidios!”, recalcó uno de los referentes de Javier Milei en territorio bonaerense.
Al fundamentar su propuesta indicó que “mientras la política se pelea en sus internas, nosotros seguimos proponiendo. Las víctimas no pueden seguirle pagando a los delincuentes”.
De acuerdo a la iniciativa, la presentación del certificado de antecedentes penales se busca establecer como obligación para los solicitantes de cualquiera de los programas o herramientas de subsidios, créditos o asistencia económica del Estado provincial y de aquellos en los cuales la provincia destine presupuesto.
Así, se especifica que toda persona incluso jurídica cuyos responsables o miembros tengan antecedentes no podrá ser beneficiarias.
Respecto a las autoridades de aplicación de cada uno de los programas o subsidios se especifica que deberán verificar la situación de cada beneficiario durante la duración del mismo y en caso de presentarlos “deberán darle de baja automáticamente”.
Entre los fundamento se indica que “este nuevo requerimiento, surge de la necesidad imperiosa de optimizar el uso de los recursos económicos de la provincia y destinarlos a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o requieran ayuda Estatal, siempre y cuando no cuenten con Antecedentes Penales”.
Y se explicó que tiene por objeto “resultar como gran incentivo para desistir a la hora de cometer ilícitos penales, ya que de lo contrario acarrearía la pérdida total y absoluta de los beneficios estatales ofrecidos al individuo”.
En este sentido se reparó que para acceder a programas provinciales “en gran medida, se establecen requisitos en cuestiones de género, vulnerabilidad, rango etario, situación crediticia, entre otros y los recursos se destinan a un sin fin de situaciones, desde ampliaciones en hogares, cancelación de deudas para mujeres, viajes de egresados y más”.
En tanto, se consideró que “teniendo en cuenta que los recursos del Estado son fruto del trabajo y esfuerzo de toda la sociedad que contribuye con el pago de los impuestos, es necesario que los mismos no se destinen como asistencia económica a personas que han violado la ley cometiendo delitos en contra de la sociedad”.
“Es una contrariedad y una injusticia que las víctimas terminen trabajando para pagar y hacerse cargo de subsidios, planes o ayudas estatales de los victimarios”, se remarcó.
Fuente:provincianoticias.com.ar
