La justicia se encuentra investigando el estado de situación del Geriátrico que funciona en calle San Martín, «San Francisco de Asís», desde hace muchos años y que hace 30 que no cuenta con habilitación, que debía haber renovado en el año 1994. Hasta ese año venía trabajando con un permiso precario.
Siempre, alguna denuncia de familiares o personas que tenían información nos planteaban la forma en que funcionaba y el trato hacia los que allí pasan sus días.
Tras la muerte de una mujer, de 38 años, «de manera dudosa», se realizó una inspección a cargo de Diego Lafalce, inspector de Geriátricos de la Secretaría de Salud.
«En principio, en el geriátrico de mención nos encontramos claramente con inhabilitación. No esta habilitado por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Tiene serias cuestiones, si fuera de orden, lo que es una cuestión propia de la bioseguridad del lugar. Cuestiones de colchones que no son ignífugos y, a su vez, un montón de condicionantes que no permiten, en este caso, el normal desenvolvimiento de la institución geriátrica», señaló Lafalce. Y continuó: «Teniendo en cuenta que, en este caso, no es la primera vez que esta institución sufre una clausura, ya tiene varias clausuras preventivas y hoy se encuentra con una clausura con desalojo del año 2022 con ratificación, como lo he reiterado en muchas oportunidades, en el año 23 sumado a una multa. Entonces, ante esas irregularidades, que de hecho ya se transforma en teoría en un delito, es que se debe investigar por esas sencillas razones que se lleva adelante una denuncia en contra de esta institución y su titular».
El dueño es el Dr. Julián Gómez, quien también ha tenido problemas en Baradero con las mismas características, de acuerdo a testimonios.
«Tiene gente de menos de 65 años que está prohíbido y lo que hace cuando ya no quiere problemas con algunos de ellos, lo sube a una camioneta, lo lleva en una camioneta y lo deja en una plaza abandonado de otra ciudad», denunció públicamente Lafalce, en lo que significa un hecho horroroso. Además, de contar con elementos, para demostrar en «las malas condiciones» con las que se encontró cuando efectuó la inspección.
En cuanto a la denuncia penal realizada y que recayó en la fiscalía Nro. 11 de la Dra. Viviana Ramos, el también concejal, indicó: «Obviamente, uno deja en manos de la Justicia, que es la que debe resolver en este caso, porque, bueno, está muy claro de que la parte administrativa no tuvo la altura y las circunstancias para poder llevar adelante este desalojo». Y destacó: «Obviamente, hay un trabajo conjunto que hemos hecho en este último tiempo con la Dra. Vargas, que se ha puesto a disposición y la verdad que, después de mucho tiempo hay alguien que se preocupa del tema».
«En este caso es la Justicia quien debe determinar si existe o no un delito por seguir funcionando, cuando tiene una clausura y un desalojo. Así que, estamos a la espera de que haya una resolución. Y, obviamente, más allá de lo inhabilitado de más, es para salvaguardar la integridad de los allí alojados. Esas personas tienen que vivir de forma digna», concluyó Lafalce.
De todos modos, más allá de la clausura, los adultos mayores permanecen en el lugar hasta tanto la Justicia resuelva, informaron.
Fuente: BRInfo
