A más de dos años desde la detención de los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola la causa se encuentra paralizada. Luego de que Casación anulara la elevación a juicio ordenada por la Jueza de Garantías, no se produjeron avances significativos en el proceso
El 8 de abril pasado se cumplieron dos años desde la detención de los dirigentes camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola acusados de Extorsión, Coacción y Turbación de la posesión de la firma Rey Distribución de San Pedro. La causa se había iniciado por una denuncia presentada por sus propietarios en enero de 2021.
Tras varias idas y vueltas en el proceso y numerosas apelaciones, los hechos fueron elevados a juicio por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui y la tarea recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 presidido para esa oportunidad por el magistrado Cristian Ramos. Restaba saber solo la fecha de realización del debate cuando la defensa presentó un nuevo recurso ante Casación Penal Provincial, cuya Sala V decidió anular la elevación a juicio pedida por la defensa.
En esa solicitud, el defensor Mauricio Gugger había planteado que existían instancias probatorias determinantes que deberían haberse tenido presentes antes de la elevación, como una pericia contable solicitada. Luego de esta resolución de la Cámara de Casación emitida sobre finales del año pasado, la causa volvió a instancia de origen para que se “dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho”. Desde entonces la causa se encuentra paralizada.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos y fue suspendido en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022 y lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023. Los otros imputados, seis ex empleados de Rey Distribución Julián Ojeda, Matías Torres, Edgardo Di Mayo, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez y Lucas Torres, están en libertad pero, continúan sujetos al proceso.
El origen
El caso se viralizó y tomó trascendencia en octubre de 2021 cuando se difundió un video de un hombre llorando dentro de su galpón, mientras relataba los problemas que tenía para trabajar. Esto hizo que el Movimiento Empresarial Antibloqueo interviniese e impulse la presentación judicial por bloquear a la empresa Rey Distribución.
Gustavo Rey, dueño de la firma, explicó en ese momento que desde el gremio le pedían coimas para poder trabajar y en algunos casos, un monto fijo de dinero por mes. “Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más. Pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto”. Había explicado el empresario. “Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ello comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones”, aseguró.
La investigación entonces quedó a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI Nº7 de San Pedro quien los acusó por delitos como turbación de la posesión por el bloqueo en concurso ideal con Coacción (dos hechos), Extorsión y Extorsión en grado de tentativa todos ellos en concurso real. Delitos cuya pena en expectativa oscila entre los cinco años y los veinticinco años de prisión, de cumplimiento efectivo.
Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, que además de sindicalista era concejal del Frente de Todos y fue suspendido en uso licencia, fueron detenidos el 8 de abril de 2022.
Los hechos
Uno de los hechos por los que están presos Cabaleyro y Espíndola ocurrió el 15 de febrero de 2022, cuando bloquearon la entrada y salida de vehículos de la firma ubicada en San Pedro, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial. Una semana más tarde, antes de que amaneciera, Cabaleyro y Espíndola colocaron un colectivo motorhome del sindicato frente al portón de ingreso del estacionamiento. Ese bloqueo duró desde el 22 al 26 de febrero de 2022.
Según las declaraciones testimoniales, en cuanto Cabaleyro se enteró de que la empresa tenía otro depósito, desde el cual hizo entregas de alimentos a comedores y escuelas mientras estaba bloqueada la empresa, se dirigió en una camioneta Volkswagen Amarok con empleados de la distribuidora Rey para prender fuego gomas y bloquear la salida de ese otro depósito.
El gremio alegó en ese momento que la empresa adeudaba dinero al sindicato por el pago de aportes y cuotas sindicales. Esa supuesta deuda, sin embargo, no pudo ser probada por la Justicia, que requirió información a la AFIP, al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la cartera de trabajo bonaerense.
Conforme a la denuncia como resultado de los aprietos por no bloquear las plantas, Cabaleyro y Espíndola habrían recibido en nombre del sindicato dinero en dos cuotas. La primera entrega, de 203.838 pesos, se hizo en efectivo en una caja de galletitas chocolinas y un cheque por la suma de 102.999 pesos.
El restante se pagó en dos cheques por 355.583 pesos cada uno. Es por haber cobrado ese dinero que se les imputó a los dos detenidos el delito de extorsión. En el expediente se encuentra un registro audiovisual aportado por los denunciantes que muestra a miembros de la familia Rey juntando y guardando los montos de dinero para pagarle al sindicato.
Los imputados lograron, tras varios planteos de la defensa, arresto domiciliario a mediados de 2023.
Fuente.Diarioelnorte
