La Justicia continúa investigando la denuncia efectuada por el bloque de Concejales de Unión por la Patria PJ, tras lo advertido en la última Rendición de Cuentas en el HCD, donde observaron la vinculación entre proveedores municipales que hacen las veces de sponsors del auto de carreras del Intendente Municipal, lo que podría configurar una serie de delitos como malversación de fondos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En este contexto, la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Alejandro Irigoyen comenzó con la citación de los denunciantes. El pasado lunes declaró la concejal de Unión por la Patria PJ, Paola Garello, y hoy será el turno de su compañero de bancada, el edil Mariano Ruiz.
La falta de información otorgada por el Ejecutivo en la última Rendición de Cuentas, sumado a la negativa de responder un pedido de informe presentado en el HCD sobre los detalles del financiamiento de la participación del Jefe Comunal en el Turismo Carretera (estimado en unos 40 millones de pesos aproximadamente por carrera) fueron el disparador de las sospechas de triangulación entre las partes.
Entre los ejes de la investigación, también se analiza la posible violación de la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), la cual al referirse de incompatibilidades y conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública (artículo 13), sostiene que es incompatible “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades”.
Respecto a ello, la investigación deberá establecer si Abella, siendo funcionario público, representó y/o prestó un servicio publicitario a proveedores municipales, los cuales a su vez se vieron beneficiados por la contratación de diferentes servicios a los mismos
