Los aumentos en las tarifas de luz y gas se enmarcan en una estrategia del Gobierno para controlar la inflación y reducir los subsidios progresivamente.
Las tarifas que los usuarios deben pagar se desglosan en cuatro componentes: el costo de la energía, el transporte, la distribución y los impuestos. Los subsidios del Estado solo aplican al costo de la energía, mientras que los costos de transporte y distribución no cuentan con subsidios. Estos subsidios están sujetos a la segmentación de tarifas, que clasifica a los usuarios en tres categorías: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).
Los subsidios benefician a aproximadamente 9,5 millones de usuarios en todo el país, de los cuales 6,3 millones corresponden al grupo N2 y 3,2 millones al grupo N3. El Gobierno confía en que la mejora en los ingresos y la desaceleración de la inflación permitan a más hogares afrontar una mayor parte de sus facturas, reduciendo así la necesidad de subsidios en el futuro.
Ajuste y más ajuste
Aunque el ajuste para enero es moderado, el Gobierno tiene en la mira un cambio estructural para 2025. A mediados de ese año, se implementará un nuevo esquema de subsidios que reducirá la cantidad de usuarios beneficiados, dividiendo a los clientes en dos grupos: aquellos que recibirán subsidios y aquellos que no. Este ajuste responde a la necesidad de adaptar los subsidios en el contexto de un presupuesto 2025 que prevé una reducción de más de 3.000 millones de dólares en ayudas estatales.
Este enfoque, denominado «motosierra», es parte de la política económica del Gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo es reducir los subsidios y equilibrar los precios. Durante su primer año de gestión, Milei ha señalado que, aunque el proceso es doloroso, es esencial para corregir los precios relativos, especialmente en sectores clave como combustibles, transporte y servicios públicos.
El aumento en las tarifas de enero será solo el primero de una serie de medidas a lo largo del año. Se anticipa que, a partir de marzo, se realicen nuevas revisiones tarifarias, que podrían implicar incrementos adicionales en los servicios públicos. Sin embargo, según fuentes oficiales, no se espera que estos aumentos superen los dos dígitos para los hogares. Además, en los próximos meses se avanzará en la renegociación de las tarifas con las distribuidoras y transportistas de energía, proceso que se espera concluir a más tardar en abril.
A medida que el Gobierno avanza con su plan económico, los ciudadanos deberán estar atentos a los nuevos aumentos y ajustes que afecten sus facturas de servicios públicos. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo es clara: mantener una política de precios relativamente moderados para evitar un desbordamiento de la inflación, al tiempo que se reduce progresivamente la carga de los subsidios.
Fuente:Infocielo
