De acuerdo con la acusación, los/as imputados/as -entre ellos/as, dos integrantes de Barrios de Pie- instauraron entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica y defraudaron al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos. El fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.
La presente causa se inició por la presentación efectuada el 20 de
diciembre de 2023 por representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación,como consecuencia de las 924 denuncias recibidas a través de la Línea 134, a los fines de que se investigue la conducta presuntamente ilícita de representantes de diversas organizaciones sociales que habrían exigido a los beneficiarios de planes sociales la participación en marchas y manifestaciones públicas o la entrega de una porción del dinero percibido por dichos planes, bajo la advertencia expresa de “dar de baja el plan” en caso de no asistir a las mismas o no entregar el dinero.
La instrucción permitió corroborar diversos sucesos delictivos que fueron
llevados a cabo por integrantes de las organizaciones “Polo Obrero” y “Barrios de Pie”, sobre los cuales a través de esta presentación se solicitará la elevación a juicio oral, mientras que el resto de los casos denunciados y otros vinculados a las referidas organizaciones continuará bajo investigación en esta instancia.
Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones ya confirmadas por la Cámara Federal porteña y sigue bajo investigación en su Juzgado el rol que tuvieron en lo ocurrido funcionarios nacionales.
«En el caso hubo una matriz delictiva que se valió de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, advirtió la fiscalía desde por lo menos junio de 2020 a marzo de 2024.
«Los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero”, dio por probado la Fiscalía en el requerimiento que será leído cuando comience el futuro juicio oral.
Fuente: Fiscales.gob.ar
