Esta semana fue la primera jornada de protesta del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines, el cual se declaró en “estado de alerta y movilización”; convocando a la realización de asambleas permanentes en las estaciones de peaje de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) ante la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional.
Unos 500 trabajadores de la actividad quedarán desempleados a principios de mes ante el vencimiento del contrato el próximo 8 de abril de la concesionaria.
A días de dicha finalización, los trabajadores no reciben garantías sobre su continuidad laboral, lo que genera un clima de tensión, incertidumbre y preocupación en todo el sector.
“En este contexto, entendemos que hay muchas soluciones posibles y viables, pero nos encontramos ante la falta de voluntad de Vialidad Nacional”, reclamaron los trabajadores.
Algunas de las alternativas serían:
a) Prorrogar el contrato de concesión a CRUSA hasta la toma de posesión de quien resulte adjudicatario de la licitación. b) El traspaso de los trabajadores a Corredores Viales por el tiempo que dure el proceso licitatorio para luego ser incorporados a la nueva concesionaria.
Todo indica que sería la opción b, pero no hay información al respecto. La autopista pasará temporalmente al Estado nacional hasta que se licite a otra empresa.
“Es inadmisible que pretendan dejar este corredor fundamental para el comercio internacional de la Argentina en manos de quienes fueron los artífices y responsables de la desidia y el abandono de las rutas de nuestro país y refugio de varios personajes sospechados de estar ligados a maniobras de corrupción de la obra pública”, recriminaron.
Con estas asambleas, el sindicato deja en claro que no cesará en su lucha hasta lograr respuestas claras y concretas; los trabajadores pueden y deben estar en los pliegos de concesión y no descartan cortes de ruta. En el día de ayer, se desarrolló una asamblea y se levantaron las barreras durante dos horas.
“Peligran 500 puestos de trabajos de compañeros y compañeras que hoy prestan servicio en Caminos de Río Uruguay.
El día 8 de abril se termina la concesión y es una empresa que está en concurso de acreedores y ya dijo ante la justicia que no tiene para pagar las indemnizaciones. Ante esta situación tenemos que visibilizar lo que está pasando porque son compañeros y compañeras que hace más de 20 años prestan su servicio y no es justo, como trabajadores de bien, que se vayan con una mano atrás y la otra adelante”, denunció Florencia Cañabate, secretaria general del gremio. También cuestionó el rol del Estado en la administración de la ruta, al afirmar que; “a partir del 9 de abril se va a hacer cargo supuestamente Vialidad Nacional de la ruta del Mercosur, el organismo más corrupto de la historia, la cuna de la corrupción.
Que se haga cargo de una ruta tan importante y tan trascendental para nuestra economía lo creemos inadmisible”, concluyó la gremialista.
