Fuentes oficiales confirmaron que este sábado el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes que aprobaban el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad.
Los decretos se publicarán en el Boletín Oficial el próximo lunes, cumpliendo los plazos legales. A partir de entonces, el debate pasará nuevamente al Congreso, donde la oposición necesitará dos tercios de los votos para insistir con la sanción de las normas.
Estrategia y maniobra política
Aunque ambas leyes habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Ejecutivo demoró la firma del vetopara evitar que el tema regresara de inmediato a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme que la oposición logre los números necesarios para revertir la decisión.
La Casa Rosada está en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques aliados para sostener la postura oficial. Según trascendió, los ofrecimientos incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos puntuales de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Desde el Gobierno argumentan que ambas leyes resultan “fiscalmente inviables” dentro del plan de déficit cero y ya Milei había anticipado que vetaría cualquier norma que aumente el gasto público.
Las leyes vetadas
- Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, proponía una nueva fórmula que combinaba inflación y mejoras salariales, garantizando un piso de incremento mensual superior al esquema actual, basado en decretos del Ejecutivo.
- Emergencia en Discapacidad: declaraba la emergencia en el sector ante la falta de fondos y buscaba asegurar prestaciones básicas, transporte y atención integral, en respuesta a los reclamos de organizaciones y familias afectadas.
Lo que viene en Diputados
El veto presidencial solo podrá ser revertido si ambas cámaras lo rechazan con una mayoría de dos tercios. En Diputados, la oposición enfrenta el desafío de reunir los votos necesarios, mientras que La Libertad Avanza confía en retener el respaldo de sus aliados circunstanciales.
Mientras tanto, la tensión crece entre los sectores afectados, especialmente jubilados y organizaciones de personas con discapacidad, que ya anticiparon movilizaciones frente al Congreso en reclamo de una solución.
