El silencio oficial respecto del salario mínimo llegó a un punto crítico. El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para que en un plazo de tres días explique por qué no convocó al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano que la normativa establece como de reunión obligatoria cada dos meses.
La orden judicial responde a una medida cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que exigen reactivar el funcionamiento del espacio tripartito donde Estado, sindicatos y empresariado definen los incrementos del salario mínimo. Las centrales sindicales, encabezadas por Hugo Godoy y Hugo Yasky, argumentan que el Gobierno incumple disposiciones vigentes y cercena el derecho al diálogo social previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Yasky remarcó que “el salario mínimo no puede depender de una decisión unilateral del Ejecutivo”.
El planteo obrero busca también que el piso salarial se actualice conforme a la evolución del costo de vida, en un escenario de inflación persistente y deterioro del poder adquisitivo. Desde marzo no se convoca al Consejo, lo que paraliza una instancia institucional clave para fijar ingresos básicos, definir asistencia a desocupados, promover empleo formal y enfrentar el trabajo no registrado, tal como dispone el decreto 1095/2004.
El fallo judicial irrumpe tras un período de menor exposición pública de Pettovello, luego de la controversia por los alimentos retenidos en depósitos oficiales al inicio de su gestión. La decisión reactiva el debate sobre su conducción del área social y laboral, especialmente por la suspensión de los ámbitos de negociación con actores productivos y sindicales.
La última modificación del salario mínimo fue dispuesta unilateralmente por la cartera laboral mediante la Resolución 5/2025, sin acuerdo de las partes. Para las centrales, la medida “carece de legitimidad y desconoce los estándares de la OIT”. Además, denunciaron que la ausencia de una metodología oficializada para calcular la canasta básica, sumada a criterios discrecionales, derivó en un haber mínimo de $322.000, cifra que calificaron como “irrisoria”.
La resolución judicial no sólo requiere fundamentos, sino que obliga al Ejecutivo a transparentar las razones de su inacción. De persistir el incumplimiento, podrían adoptarse nuevas medidas judiciales. En paralelo, las centrales sindicales preparan otros pasos si el Gobierno continúa evitando la convocatoria al Consejo del Salario.
Mientras la administración Milei sostiene una agenda de desregulación y reducción del rol estatal en materia laboral, la Justicia vuelve a situar bajo escrutinio a Pettovello y recuerda la obligación legal de garantizar ámbitos institucionales para definir ingresos básicos en un contexto en el que los sectores más vulnerables continúan siendo los más afectados por la inflación y la recesión.
