La CNV habilitó ahora que adolescentes desde los 13 años puedan invertir en una mayor variedad de Fondos Comunes de Inversión. La decisión vuelve a exponer la lógica que guía al gobierno libertario de Javier Milei: expansión del mercado, desregulación acelerada y una confianza casi doctrinaria en que el sistema financiero puede reemplazar cualquier forma de contención o formación estatal.
Con la nueva Resolución General 1091, los menores ya no se limitan a operar en los Fondos “Money Market” —como permitía la RG 977 de 2023—, sino que acceden a un abanico mucho más amplio de FCI Abiertos. Son instrumentos con riesgos y niveles de complejidad dispares, que exigen conocimientos que el Estado nunca garantizó de manera formal ni sistemática en la educación pública. Aun así, la CNV avanza como si ese vacío no existiera.
Educación financiera: la coartada oficial
El presidente de la CNV, Roberto Silva, presenta la medida como un paso hacia la “educación financiera”, la “autonomía progresiva” y la “responsabilidad” de los jóvenes. Pero ese discurso elude un dato básico: la Argentina carece de una política educativa seria y universal que brinde, en las escuelas, herramientas mínimas para entender el funcionamiento del sistema financiero.
Así, la iniciativa queda desconectada de cualquier marco pedagógico real y se inscribe más en la expansión del mercado que en una política pública orientada al bienestar de los adolescentes.
El gobierno libertario sostiene una visión que deposita en la autorregulación y la responsabilidad individual incluso cuando se trata de menores. La apertura temprana al mundo financiero se presenta como modernización, pero llega sin un esquema estatal de acompañamiento que permita comprender riesgos, volatilidades o potenciales pérdidas.
Indefensión garantizada
La CNV afirma que habrá supervisión adulta y resguardos regulatorios. Pero esa supervisión recae exclusivamente en las familias, no en un sistema educativo que debería formar a los jóvenes antes de habilitarlos a participar en un mercado desigual, especulativo y altamente inestable.
La RG 1091 se suma a la RG 1023, que ya había permitido la apertura de subcuentas comitentes desde los 13 años. En conjunto, ambas normativas amplían el acceso de menores a un circuito financiero que ve en los adolescentes un nuevo segmento de inversión, aun cuando el Estado no generó previamente las condiciones para una toma de decisiones informada.
Mientras tanto, los agentes de liquidación y administradoras de fondos celebran la llegada de nuevos potenciales clientes, en un contexto donde el Estado se retira de su rol formativo para adoptar, sin matices, la lógica del mercado.
Las restricciones vigentes —como la prohibición de operar FCI Cerrados o fondos exclusivos para inversores calificados— no alcanzan para suplir la ausencia de una política seria de educación financiera.
Menos Estado, más mercado
Lejos de promover inclusión o formación, la resolución expone una decisión alineada con la ampliación del negocio financiero antes que con la protección o el desarrollo integral de los adolescentes.
La apertura del mercado a menores sin un andamiaje estatal que los prepare se convierte en otra muestra del rumbo elegido por el gobierno de Milei: menos Estado y más mercado, incluso cuando quienes quedan expuestos son quienes deberían recibir protección antes que incentivos para invertir.
En el discurso se invoca el futuro y la responsabilidad; en la práctica, se avanza sin garantizar las condiciones básicas para que ese futuro no dependa de la suerte, la volatilidad o el entusiasmo del sector financiero por sumar jugadores cada vez más jóvenes.
