La interna en un gremio estratégico para la industria metalúrgica escaló al plano judicial y encendió señales de alarma tanto entre los trabajadores como en el sector empresario, ante el riesgo de que el conflicto derive en tensiones en las empresas vinculadas al complejo Zárate-Campana.
El conflicto se desató luego de que la junta electoral del sindicato bajara la lista opositora encabezada por Carlos Gutiérrez, secretario general de la CGT regional Zárate-Campana y dirigente de ASIMRA. Tras esa decisión, Gutiérrez presentó una denuncia penal contra la conducción nacional del gremio, liderada por Luis García Ortiz, quien encabeza la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica Argentina (ASIMRA) de manera ininterrumpida desde 1983.
La denuncia, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 36 bajo el expediente 65.342/2025, incluye los presuntos delitos de falsificación de documento público, estafa y asociación ilícita, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Desde el sector opositor sostienen que la actual conducción del gremio “usurpa” la representación sindical.
El escenario podría dar un giro en los próximos días luego de que se incorporaran al expediente informes de organismos públicos que, según la oposición, confirmarían múltiples irregularidades en la lista oficialista Gris, Celeste y Blanca. Entre los cuestionamientos se mencionan candidaturas que no cumplirían con el estatuto, postulantes que serían empleados del sindicato o de la obra social en lugar de trabajadores del sector, y jubilados sin los aportes exigidos a empresas metalúrgicas o mecánicas.
La lista Azul y Marrón, liderada por Gutiérrez, había sido impugnada a fines de noviembre por supuestas fallas formales. Sin embargo, tras la judicialización del caso y el cruce de información con ANSES y ARCA, la oposición asegura que las irregularidades que se les atribuyeron estarían, en realidad, del lado del oficialismo.
“Ahora debe decidir la Justicia. Lo que está claro es que los trabajadores merecen votar y tener una conducción legítima”, sostuvo Gutiérrez, quien anticipó que realizará un anuncio público junto a sus abogados, del Estudio Recalde, para exponer la documentación reunida.
El dirigente también puso el foco en el impacto institucional del conflicto: “La pregunta es cuántas veces habrán hecho lo mismo. No creo que sea la primera vez. La mala noticia es que hay ocupantes en la sede de Azcuénaga; la buena es que tienen los días contados”.
Desde la oposición remarcan que García Ortiz nunca enfrentó una elección interna en más de cuatro décadas al frente del sindicato. En ese marco, los asesores legales de la lista Azul y Marrón avanzaron con nuevas acciones penales y certificaron ante escribano más de 600 avales, ante el temor de nuevas maniobras que les impidan competir.
Mientras la causa avanza en el fuero penal, la escalada del conflicto genera inquietud en las empresas del sector metalúrgico, que observan con preocupación un escenario de incertidumbre sindical en una actividad clave para la producción y el empleo en la región.
