Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la idea de reactivar licitaciones para privatizar rutas nacionales, en el territorio se hacen cada vez más visibles las consecuencias de casi dos años sin obra pública y con un mantenimiento mínimo de la red vial. La falta de intervención de Vialidad Nacional y, en particular, de la empresa estatal Corredores Viales —responsable de numerosos tramos concesionados— empieza a traducirse en problemas concretos de seguridad y transitabilidad.
En Ramallo, el deterioro de la Ruta Nacional 9 obligó al municipio a recurrir a la Justicia durante 2025. A través de una medida cautelar, el gobierno local logró que se ordenara a Corredores Viales la reparación de un sector crítico: el puente que vincula la traza nacional con la ruta provincial 51, un acceso clave para el tránsito regional y de cargas.
Con el amparo judicial en vigencia, la empresa estatal llevó adelante las obras exigidas. Sin embargo, apenas tres meses después de finalizados los trabajos, el tramo volvió a presentar serios daños. Vecinos y dirigentes locales advirtieron que la calzada muestra nuevos hundimientos y baches, y aseguran que el estado actual del sector es incluso peor que el previo a la intervención.
Las tareas ejecutadas, según señalaron, se limitaron a arreglos superficiales que no soportaron el paso constante de camiones y tránsito pesado. El resultado fue un deterioro acelerado que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en ese acceso estratégico.
Un antecedente que se repite
La cautelar había sido presentada por el intendente Mauro Poletti (Fuerza Patria) ante el avanzado deterioro del acceso sobre la Ruta 9, que ponía en riesgo a automovilistas y transportistas. El fallo judicial ordenó a Corredores Viales y a la Dirección Nacional de Vialidad realizar tareas de reparación integral, señalización y bacheo en un plazo determinado, tras constatar el mal estado de la infraestructura.
El caso de Ramallo no es aislado. Existen antecedentes recientes en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, como Roque Pérez, donde se realizaron trabajos de bacheo sobre la Ruta 205 poco antes de que Corredores Viales abandonara la concesión del tramo. En ese escenario, las intervenciones también fueron consideradas insuficientes y de baja durabilidad.
La repetición de estos episodios vuelve a poner bajo la lupa el rol de la empresa estatal y la estrategia oficial para la red vial, en un contexto en el que la paralización de la obra pública y el mantenimiento precario empiezan a mostrar efectos difíciles de disimular.
