La Provincia de Buenos Aires avanzó con una definición clave en política energética al poner en marcha el marco legal para la generación distribuida comunitaria. Mediante la Resolución 17/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos habilitó un esquema que permite a distintos usuarios asociarse para producir energía renovable, compartir costos de inversión y obtener un retorno económico por los excedentes que se vuelcan a la red eléctrica.
La norma aprueba el Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria, que por primera vez fija reglas claras sobre los aspectos técnicos, legales, contractuales, tarifarios y económicos de este tipo de iniciativas. El objetivo central es facilitar proyectos colectivos orientados al autoconsumo de energía limpia y a la inyección de excedentes al sistema, con la correspondiente compensación económica para cada participante.
Hasta ahora, el régimen bonaerense de generación distribuida estaba diseñado casi exclusivamente para experiencias individuales —hogares, comercios o pymes— que instalaban paneles solares u otras fuentes renovables para reducir su consumo. La falta de un marco específico dejaba fuera a emprendimientos compartidos, como los impulsados por consorcios, cooperativas o grupos de vecinos.
Qué cambia con la nueva reglamentación
Con la resolución, dos o más usuarios con medidores independientes —o incluso un mismo titular con varios suministros— podrán asociarse para generar energía renovable en conjunto. Los proyectos deberán superar los 10 kW de potencia y estar ubicados dentro del área de concesión de una misma distribuidora eléctrica, ya sea provincial o municipal.
La energía producida se utilizará prioritariamente para el autoconsumo de los integrantes del proyecto y, cuando haya excedentes, estos se inyectarán a la red pública. El valor económico de esa energía será reconocido en las facturas de los usuarios, de acuerdo con el porcentaje de participación que cada uno haya definido previamente dentro de la asociación.
La resolución establece de manera explícita que el régimen contempla la acreditación de los montos generados por la inyección de energía a la red, lo que convierte a la generación comunitaria en una alternativa concreta de ahorro y, eventualmente, de ingreso complementario.
Registro y beneficios impositivos
Para ingresar al sistema, los usuarios deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable (RUGER), que funciona bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA). La inscripción habilitará la emisión del certificado necesario para acceder a los beneficios fiscales previstos por la Ley 15.325.
Además, el registro tendrá la obligación de informar mensualmente a ARBA sobre altas, modificaciones y bajas de los proyectos comunitarios, de modo que se apliquen correctamente las exenciones y beneficios impositivos correspondientes.
Con esta resolución, la Provincia amplía el alcance de la generación distribuida, promueve el uso de energías limpias y abre la puerta a experiencias colectivas que combinan eficiencia energética, ahorro económico y participación comunitaria.
