La Jueza de Faltas de Ramallo, Sol Aroza, resolvió intimar a Jorge Lazzaretti y/o a la Guardería Puerto Ramallo a presentar en un plazo de 24 horas un listado completo de los bienes de terceros –entre ellos lanchas, botes y motos de agua– que permanecen en el interior del Galpón N°1.
El objetivo de la medida es identificar a los propietarios de cada embarcación para luego proceder a su restitución. La resolución se conoció pocos días después de la clausura dispuesta por el municipio sobre el predio, debido al vencimiento de la habilitación correspondiente y la caída de una concesión que databa de 2023. La entrega de las instalaciones al Estado se había visto demorada por la resistencia del empresario a ceder el lugar.
En la decisión judicial, se establece que tanto el Registro como el responsable de la guardería deberán trabajar en conjunto para garantizar la devolución de las embarcaciones. En caso de incumplimiento por parte de Lazzaretti, los antecedentes serán remitidos a la justicia penal en los términos del artículo 239 del Código Penal.
De esta manera, podría cerrarse un largo capítulo iniciado en los años 2000, cuando el espacio surgió como un proyecto turístico. Con el paso del tiempo, la iniciativa se transformó en un negocio lucrativo que funcionaba bajo el pago de un canon considerado insignificante en relación al beneficio económico que generaba para quien lo explotaba.
