La Justicia confirmó la represión: procesaron al gendarme que casi mata al fotógrafo Pablo Grillo
A casi siete meses de la represión frente al Congreso que dejó al fotógrafo Pablo Grillo con secuelas neurológicas irreversibles, la Justicia Federal procesó —sin prisión preventiva— al cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Jesús Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas agravado.
En una resolución contundente, la jueza María Servini determinó que el efectivo disparó fuera de protocolo y con dolo eventual, es decir, asumiendo el riesgo de provocar un daño irreversible. Con este fallo, la Justicia validó lo que familiares, colegas y organismos de derechos humanos denunciaron desde el primer día: no fue un accidente, fue represión.
Un disparo fuera de protocolo
El expediente reconstruyó los hechos con precisión. El 12 de marzo, a las 17:18, Guerrero disparó una pistola lanza gases calibre 38 mm desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, a 47 metros de donde se encontraba Grillo, quien documentaba la protesta.
El proyectil atravesó una barricada en llamas y golpeó de lleno la cabeza del fotógrafo, que estaba agachado tomando imágenes. Las pericias médicas confirmaron fractura de cráneo, hematomas subdural y epidural, y lesiones que pusieron en riesgo su vida.
Guerrero fue identificado por su casco con la inscripción “Picha” y su uniforme caqui, distinto al del resto de su grupo. Videos y fotos de la represión fueron claves para reconocerlo.
Los peritos del Cuerpo Médico Forense confirmaron que el disparo fue directo y horizontal, contrariando el protocolo que ordena hacerlo en ángulo oblicuo (entre 30° y 45°) hacia el suelo. La jueza subrayó que Guerrero no era un inexperto, sino instructor de tiro con más de una década de servicio, lo que agrava su responsabilidad: efectuó al menos seis disparos horizontales en dirección a los manifestantes.
La defensa y la decisión judicial
En su indagatoria, el gendarme alegó haber actuado “según el manual” y negó cualquier intención de herir. Pero la Justicia concluyó que actuó con dolo eventual: sabía que podía causar un daño grave y, aun así, disparó.
Por eso, Servini lo procesó por lesiones gravísimas agravadas por abuso de función y abuso de armas agravado, en concurso real. También le impuso un embargo de $203 millones, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad policial.
El estado de salud de Grillo y el silencio del Gobierno
El fallo ordena una nueva pericia médica para evaluar las secuelas neurológicas de Grillo, quien continúa internado en el Hospital de Rehabilitación Rocca. Según su familia, su recuperación es “lenta pero sostenida”, aunque persiste un deterioro cognitivo severo: apenas puede alimentarse con asistencia y no logra responder preguntas simples.
“Mi hijo dejó de ser el mismo”, escribió su madre en una carta pública dirigida a la jueza.
Pese a la contundencia del fallo, el Gobierno nacional no asumió ninguna responsabilidad política. Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich defendió el accionar represivo, justificó los disparos y llegó a insinuar que Grillo era “un militante kirchnerista”, no un periodista. Desde entonces, reina el silencio oficial.
Justicia parcial y deuda política
El procesamiento de Guerrero es un avance judicial importante, pero deja intacta la impunidad política. Ningún funcionario fue citado, ni hubo pedidos de disculpas o medidas de reparación.
El caso de Pablo Grillo se convirtió en símbolo de la violencia institucional contra la prensa y el derecho a la protesta. Porque lo que ocurrió aquel 12 de marzo no fue un exceso, sino una decisión política: reprimir y disparar contra quienes documentan la realidad.
