Productores de Carlos Casares denuncian abandono y rechazan la sobretasa vial en plena crisis por inundaciones
Los productores y familias rurales de Carlos Casares enfrentan una de las peores emergencias por inundaciones de los últimos años. Millones de hectáreas anegadas, caminos rurales intransitables y escuelas sin docentes exponen un abandono estructural del Estado. En este contexto, los productores presentaron una denuncia penal contra funcionarios locales y provinciales y rechazaron una polémica propuesta de sobretasa vial impulsada por un concejal libertario.
Denuncia penal contra funcionarios bonaerenses
Los productores denunciaron penalmente al intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, a la intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, y a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense.
La causa, radicada en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen, los acusa de estrago doloso por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Por primera vez tuvimos que llegar a la Justicia, porque las autoridades conocían lo que estaba pasando y no hicieron nada”, explicó Alejandra Córdoba, abogada y representante legal de los productores.
Su colega Carolina Donegani agregó: “Hace 14 años que el intendente conoce el distrito y es responsable de los caminos rurales. No puede ser que todo dependa del criterio de dos o tres personas”.
Rechazo a la sobretasa vial
La tensión aumentó tras la propuesta del concejal libertario José Luis Ledesma (Avanza Libertad), quien planteó aplicar una sobretasa del 30% sobre la tasa vial para financiar la reparación de caminos. La iniciativa provocó un fuerte rechazo del sector agropecuario, en un momento crítico en el que los campos siguen bajo el agua y las pérdidas se multiplican.
El intendente peronista Daniel Stadnik se desmarcó del proyecto:
“El productor está totalmente inundado. Si hoy no puede pagar la tasa actual, imagínese con una sobretasa. Esta medida fue presentada por un concejal de otro bloque”, aclaró.
La Sociedad Rural de Carlos Casares también repudió la propuesta mediante un comunicado:
“Resulta inadmisible que, en un contexto donde gran parte del partido está bajo el agua y los productores luchan por sostener la actividad, se pretenda cargar con nuevos impuestos a quienes mantienen la producción, el empleo y la economía local.”
Y añadió:
“La solución no pasa por crear más tributos, sino por una gestión eficiente y transparente de los recursos ya existentes, y por obras estructurales que venimos reclamando hace años.”
El productor Julián Carlos fue aún más contundente:
“El 70% de lo recaudado se va en sueldos. No puedo salir del campo, no puedo producir y me quieren cobrar más. Nos están exprimiendo.”
Caminos rurales anegados y familias aisladas
Las abogadas Donegani y Córdoba remarcaron el impacto social de la emergencia: caminos destruidos, escuelas sin docentes y miles de hectáreas bajo el agua.
De acuerdo con CARBAP y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hay entre 2 y 4 millones de hectáreas afectadas, de las cuales 900 mil están directamente inundadas.
Familias como la del tambero Diego Martín relataron su situación:
“Desde marzo de 2025, la escuela de mis hijos no tiene docentes por el aislamiento. Muchas familias la están pasando muy mal.”
El reclamo llegó al Senado bonaerense
Los productores llevaron su reclamo a la Legislatura bonaerense, donde fueron recibidos en el Salón Antonio Cafiero del Senado. Participaron legisladores de distintas fuerzas, que se comprometieron a trabajar en proyectos de ley y políticas de prevención hídrica.
La senadora Sabrina Sabat, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios, sostuvo:
“Debemos generar leyes macro para que el Estado esté presente antes del desastre.”
Por su parte, Alejandro Cellillo anunció reuniones con asesores, funcionarios del Ejecutivo y representantes del Banco Provincia, mientras que Luciano Bugallo advirtió:
“Podemos presentar proyectos, pero si el Ejecutivo no ejecuta, todo queda empantanado. Hay fondos recaudados para obras que no se hacen.”
Un pedido de acción concreta
Los productores impulsan ahora la creación de una mesa de trabajo permanente con autoridades locales, legisladores y entidades rurales para diseñar soluciones estructurales y sostenibles.
Mientras tanto, la denuncia penal y el rechazo a la sobretasa vial buscan presionar por respuestas urgentes ante una crisis que combina inundaciones, falta de infraestructura y desidia estatal.
