La JST, presidida por Obaid, cuya función principal es investigar accidentes e incidentes de transporte y emitir recomendaciones de seguridad, había asignado un contrato inicial de $9.955.000 a la empresa Señal de Ajuste S.R.L., que fue posteriormente ampliado en $3.197.250, sumando un total de más de $13 millones. Entre los lujosos servicios contratados se incluyeron vinos de alta gama y una variedad de comidas sofisticadas, como parrilladas argentinas y postres gourmet, que levantaron dudas sobre la prioridad de tales gastos en un organismo dedicado a la seguridad pública.
Mogetta afirmó en sus redes sociales que “no vamos a tolerar que se utilicen recursos públicos para beneficio de la clase política” y anunció la creación de un equipo de seguimiento de gestión para auditar minuciosamente las operaciones de la JST. “Los gastos en cuestiones que no son prioritarias y que representan un despilfarro de los recursos de todos los argentinos no serán tolerados”, agregó.
Entre las propuestas de catering que la JST recibió, se encontraron precios que variaron significativamente, desde $2.240.000 hasta $16.900.550, destacándose la oferta de Señal de Ajuste S.R.L. como la más económica. Esta adjudicación causaron interrogantes sobre la transparencia del proceso y la justificación de los gastos, en un contexto donde el organismo cuenta con un presupuesto total de $579.900.000 para 2023.
La situación actual de la JST plantea interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la necesidad de un mayor control en la administración estatal, en un país que enfrenta desafíos económicos significativos y por parte de un Gobierno que llegó al poder con la bandera de ajustar a la casta política.
